La presidenta del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, aseguró que la “ilegalidad” que se produjo en el predio que explotaba la asociación Rancho Móvil “tiene responsables” y solicitó que todas las actas y desgrabaciones de las autoridades del Ente de Turismo (Emtur) sean enviadas al Tribunal de Cuentas bonaerense y a la Justicia.
Rodríguez aludió al pedido del Tribunal de Cuentas al Concejo para que se le envíe el acta de la reunión de la comisión de Turismo en que las autoridades del Emtur dieron explicaciones por lo ocurrido (se instalaron 17 construcciones fijas cuando solo se permitían casillas rodantes).
“Desde Acción Marplatense solicitamos que se agregue no solo el acta de la reunión de la comisión de Turismo en la que estuvieron los funcionarios del Emtur, sino también las desgrabaciones de todos los dichos. Entendemos que a los fines de la recopilación de información fehaciente y certera dichas transcripciones serán de mayor utilidad”, aseguró Rodríguez. Y recordó su pedido de que esas desgrabaciones también fuesen adjuntadas a la denuncia penal presentada por el municipio.
Rodríguez pidió además que la comisión de Turismo “se constituya en la Unidad Turística Fiscal Playa Redonda, de la cual la Asociación Civil Rancho Móvil tenía el permiso precario de uso, para poder visualizar el avance de los trabajos de desalojo de las cabañas construidas y las casillas rodantes”.
La concejal de AM insistió: “Queremos que se aporte toda la información que sea necesaria para aclarar las responsabilidades, tanto de quienes construyeron irregularmente como de quienes debieron realizar los controles en tiempo y forma. Por eso nos parece fundamental que todas las actas y desgrabaciones sean aportadas al expediente que tramita en el Tribunal de Cuentas y a la denuncia penal que realizó el municipio, para contribuir a la transparencia”.
Rodríguez recordó que la asociación Rancho Móvil utilizaba el lugar desde 2003 y fue denunciada el año pasado “por haber incurrido en acciones indebidas”. En ese sentido, aseguró que “las autoridades de la institución deberán explicar ante la Justicia cómo llegaron a construirse 17 casas sobre el acantilado con una reglamentación que lo impedía”.
La concejal hizo hincapié además en la responsabilidad del gobierno local. “Nos queda claro que hubo una falta de controles por parte del municipio en estos años. Recordemos que la obligación de los controles sobre las Unidades Turísticas Fiscales la tiene el Emtur y es este ente a través de su titular quien debe dar las respuestas necesarias: no alcanza solo con decretar la caducidad porque acá hay responsables políticos de tamaña transgresión”.
Según Rodríguez, se podría estar “frente a la omisión de los deberes de funcionario público”, lo cual “es una falta grave que se debe investigar”.